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Dilma Rousseff se convirtió en la primera presidenta de Brasil al jurar al cargo ante el plenario ante la Asamblea legislativa, investidura que marcó al mismo tiempo el final del mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien rindió homenaje con un llamado a profundizar las reformas sociales de su gobierno. En ese sentido, la flamante primera mandataria afirmó que viene a asumir el "compromiso con la erradicación de la pobreza extrema" en Brasil.
Ex integrante de la resistencia armada a la dictadura militar (1964-1985), por lo que fue víctima de torturas y tres años de cárcel, y pieza fundamental del gobierno de Lula desde dos ministerios, Rousseff asumió el mando de la octava economía del mundo con un homenaje a su padrino político, quien la condujo a la Presidencia.
"El mayor homenaje (a Lula) es ampliar y avanzar las conquistas de su gobierno", dijo Rousseff ante los miembros de las dos cámaras del Congreso que la aplaudieron de pie.
Rousseff dijo que Brasil tiene la "oportunidad" de convertirse en una "nación desarrollada" con "estilo brasileño" y un fuerte componente de sostenibilidad ambiental.
Para ello, llamó a la unión de las instituciones para mantener los buenos fundamentos que sostuvieron el crecimiento brasileño en los últimos años, y pidió especial apoyo al asumir el "compromiso con la erradicación de la pobreza extrema" en Brasil, donde 20 de los poco más de 190 millones de habitantes se encuentran en esa situación.
"Aún existe una pobreza que avergüenza a nuestro país", lanzó durante su primer discurso tras asumir el cargo ante el Congreso.
"No voy a descansar mientras haya en Brasil brasileños sin alimentos en su mesa, y niños pobres abandonados a su propia suerte", prometió, en medio de aplausos de los legisladores y jefes de Estado presentes en el Parlamento, entre ellos varios latinoamericanos.
Rousseff se comprometió además a profundizar la integración latinoamericana. "Seguiremos empeñados en profundizar la integración con nuestros hermanos latinoamericanos", sostuvo ante el plenario del Congreso brasileño. >El nuevo gobierno brasileño buscará "asociar su desarrollo económico y político a nuestro continente", remarcó.
Rousseff enfatizó que pretende dar una "consistencia cada vez mayor al Mercosur" integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, además de Chile y Bolivia como miembros asociados externos y Venezuela en proceso de adhesión. "Vamos a dar especial atención a los países emergentes", dijo. "Profundizaremos el relacionamiento con Estados Unidos y la Unión Europea", añadió.
Rousseff, elegida para gobernar por cuatro años, llegó al Congreso bajo una intensa lluvia que obligó a modificar partes de la ceremonia, sin que ingresara a la Catedral de Brasilia. Luego del Congreso, se dirigirá al Palacio do Planalto en donde recibirá la banda presidencial del ahora ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Lula, quien deja el poder con una popularidad récord de 87 por ciento después de ocho años de gobierno, pasará el mando a su compañera política e inmediatamente abandonará Brasilia rumbo a su residencia en Sao Bernardo do Campo, un suburbio obrero industrial, próximo de Sao Paulo, en donde gestó su liderazgo sindical en los años 70.
Rousseff pasará a ocupar el despacho principal del Palacio do Planalto en un momento de expansión sostenida de la economía, con una previsión de crecimiento de 7,6 por ciento del Producto Interno Bruto en 2011 y una tasa de desempleo de 5,7 por ciento en noviembre, un mínimo histórico.
Bajo el gobierno de Lula 29 millones de personas salieron de la miseria, según cifras oficiales, pero casi la mitad de la población sigue sin acceso a saneamiento y la tasa de analfabetismo roza el 10 por ciento.
Rousseff contará con parte del equipo de gobierno de Lula. Ocho ministros de 25 del actual equipo de gobierno fueron reconfirmados en sus cargos y otros tres se mantendrán en el gabinete pero ocupando una función diferente.
En el plano externo, Rousseff asume el poder en medio de una incipiente crisis diplomática con Italia, ante la decisión adoptada por Lula en su último día de gobierno de no extraditar al ex militante de ultraizquierda italiano Cesare Battisti, condenado por cuatro asesinatos en su país.
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